En medio del debate nacional por la posible flexibilización del acceso de personas y empresas extranjeras a la propiedad de tierras, el gobernador Ricardo Quintela envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca reforzar la protección del dominio rural en la provincia.
La iniciativa reglamenta el artículo 81 de la Constitución de La Rioja y establece un marco normativo con límites, controles y prohibiciones orientados a preservar el territorio, los recursos naturales y la producción local. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la tierra no debe ser entendida únicamente como un bien económico, sino como un recurso estratégico vinculado a la soberanía, el desarrollo y el bienestar de las futuras generaciones.
El proyecto fija un tope del tres por ciento a la superficie rural en manos extranjeras, tanto a nivel provincial como departamental, e incorpora además límites por nacionalidad para evitar la concentración territorial. También prohíbe el acceso de capitales extranjeros a zonas consideradas sensibles, como áreas de frontera, regiones con recursos hídricos, reservas naturales, sitios arqueológicos y tierras destinadas a la agricultura familiar.
Como parte de los mecanismos de control, se prevé la creación de un Registro Único Provincial de Tierras Rurales, que tendrá a su cargo la fiscalización del dominio territorial. Además, toda operación que involucre a sujetos extranjeros deberá contar con un Certificado de Habilitación previo para ser válida.
En cuanto a las sanciones, la iniciativa contempla la nulidad de las operaciones irregulares, multas de hasta el 50% del valor fiscal del inmueble y la obligación de desinvertir en un plazo máximo de 360 días. También se establece un relevamiento obligatorio de los actuales titulares extranjeros dentro de los 180 días posteriores a la promulgación de la ley.
Con este proyecto, el Ejecutivo provincial busca consolidar un modelo de desarrollo basado en la defensa del territorio, la protección ambiental y el fortalecimiento de la producción local, en un contexto donde la discusión sobre la propiedad de la tierra ocupa un lugar central en la agenda nacional.
