La Justicia Provincial, a partir de la difusión de audios en los que se instaba a personas a usurpar viviendas próximas a ser entregadas, ratificó que accionará legalmente contra quienes cometan ese delito y se recordó que quienes lo hagan, además de las penas correspondientes, serán eliminados del Registro Único de Postulantes a la Vivienda.
Consultado al respecto, el Ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, enfatizó que la usurpación es un delito de orden público que está tipificado en el Código Penal, tras lo que sostuvo que “no vamos a permitir en absoluto que la gente ingrese por la fuerza a viviendas que son propiedad del Estado provincial. Se alertó al Fiscal General, al Ministerio Público Fiscal, ya están individualizadas las personas que están organizando o que estuvieron organizando esta usurpación, así que resta que la justicia actúe en consecuencia”.
Puy Soria también expresó que “hay un padrón con gente que está esperando hace tiempo acceder a una vivienda, algunos han tenido la suerte de ser adjudicatarios, otros todavía no. Entonces que venga alguien, que incluso en algunos casos no son de la provincia de La Rioja, en otros casos son menores de edad, que quieran tomar por la fuerza las viviendas es una actitud con la que nadie va a estar de acuerdo, así que hemos tomado la decisión de que aquella persona que organice, que instigue y que usurpe va a ser dada de baja inmediatamente del padrón de postulantes”.
El Ministro puntualizó que en toda la provincia hay más de mil viviendas que están en un proceso de culminación en diferentes niveles, de las cuales unas 600 a 700 están en la Capital y recordó que “la semana pasada recorrimos la obra de 300 viviendas del desarrollo urbanístico Procrear, que sufrió la paralización por falta de envío de fondos del Gobierno Nacional y estamos trabajando junto al Gobernador Ricardo Quintela para poder darles continuidad”.
El funcionario señaló que “la idea es que todo lo que está en un proceso de ejecución lo podamos terminar porque es una pena que las obras se paralicen, que tengan inconvenientes las empresas, los trabajadores. Las obras en algunos casos se han vandalizado y cuesta mantenerlas por los gastos que implica la seguridad”.
Por último, Puy Soria remarcó que “estas prácticas aparecen cada vez que se acerca una entrega de viviendas y lo que nos llama la atención en esta oportunidad es que quienes están organizando ya fueron adjudicatarios de viviendas en la zona Este de la ciudad, además de otras personas que no son de La Rioja y no tienen lo mínimo exigido por la ley para ser aspirantes a una vivienda que son 5 años de domicilio aquí en nuestra provincia” y agregó que “dejemos trabajar a la justicia y que se determinen los responsables de estas actitudes”.
